El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una inyección extraordinaria de 500 millones de euros con el objetivo de fortalecer el sistema de dependencia y cumplir con el mandato de la ley que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas e irreversibles. Este presupuesto se formalizará a través de un decreto ley real que deberá ser ratificado posteriormente por el Congreso de los Diputados, estableciendo un nuevo nivel de dependencia extrema y el derecho a un subsidio cercano a los 10,000 euros mensuales, garantizando así una asistencia eficaz las 24 horas del día.
Asistencia personalizada y continua para las personas afectadas por ELA
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, explicó que la normativa se articula en torno a tres pilares fundamentales. El primero es estructural, que contempla la creación de derechos y garantías mediante este nuevo nivel de extrema dependencia, llamado Nivel III+, para aquellas personas que requieren de cuidados continuos y especializados.
El segundo pilar se centra en el modelo específico destinado a atender estas necesidades. El sistema de asistencia debe ser personalizado y permanente, como queda garantizado por el nuevo subsidio de 9,860 euros al mes por paciente. Esta era la demanda histórica de los grupos de pacientes afectados por ELA y otras patologías similares, además de ser el mandato central de la Ley de ELA.
Por último, el tercer pilar es financiero: el Ejecutivo moviliza 500 millones de euros adicionales no solo para implementar de manera efectiva la Ley de ELA, sino también para fortalecer el sistema de previsión complementaria en su conjunto. “Es evidente que, debido a la evolución demográfica y los cambios en las estructuras familiares, estas necesidades y tensiones en el sistema seguirán aumentando”, comentó Bustinduy.
El Ministro subrayó que el decreto ley refleja un año de trabajo conjunto de varios ministerios, comunidades autónomas y la sociedad civil para llevar a cabo el plan de implementación de la Ley de ELA, aprobada hace un año. Este proceso ha incluido mejoras en el diseño de las prestaciones para estos casos complejos, coordinando esfuerzos sociales y sanitarios, así como mediante contribuciones a los cuidadores de personas con dependencia de estadio III. También se han licitado los primeros dos centros de atención especializados para pacientes de ELA en todo el mundo y se han movilizado recursos para atender temporalmente las necesidades de los pacientes en fases avanzadas de estas enfermedades.
Reforma del modelo de dependencia y aumento de los fondos destinados
Además, Bustinduy resaltó el “compromiso constante” del gobierno para incrementar los fondos destinados al sistema de previsión complementaria, acompañado de una reforma de las leyes de previsión complementaria y discapacidad que actualmente están siendo analizadas por el Parlamento.
Con la inyección de 500 millones de euros anunciada hoy, la inversión total estimada por la Administración General del Estado para 2025 asciende a 3,279 millones de euros, lo que representa un incremento del 15.5% respecto al presupuesto de 2023. A esta cifra se suman transferencias a las comunidades autónomas por un valor superior a los 800 millones de euros, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación.
Bustinduy ha anunciado que el próximo jueves se llevará a cabo una reunión del Consejo Territorial para coordinar “inmediatamente” con las comunidades autónomas la adecuación de sus sistemas de asistencia a largo plazo a los avances previstos en el decreto ley y para proceder a la distribución de los fondos que les corresponden. El ministro también se reunirá próximamente con asociaciones de pacientes y familiares, que han aportado un importante esfuerzo en la implementación de la ley, así como en su aprobación.
Pablo Bustinduy destacó el consenso alcanzado en torno a la ley de ELA, un ejemplo de cómo “más allá del enfrentamiento y la explotación antipolítica del conflicto, se avanza en el interés general, en forma de ampliaciones del estado del bienestar y mejoras de nuestro sistema de protección social”.
